Estudio del perfil institucional de las oficinas de

1. Antecedentes y marco conceptual

Las políticas de trabajo y empleo en la Argentina a partir de los noventa, han colocado a importantes franjas de trabajadores ante la necesidad de adaptar sus conductas a un mercado laboral que presenta profundas transformaciones. El análisis de esta década nos ha demostrado que si bien el PBI creció rápidamente durante la primera mitad del decenio para luego estancarse y aún descender, los niveles de empleo no solo no aumentaron, sino que aumentó el desempleo y el subempleo. Después de la crisis del Tequila (México, 1995), la economía pareció recuperarse, pero sus efectos sobre el nivel del empleo fueron escasos y se manifestó con el crecimiento del empleo precario, del empleo no registrado o de las distintas manifestaciones del autoempleo y economía informal (microemprendimientos, etc)

Una nueva caída a partir de 1998 con recesión y estancamiento que se prolongo hasta el estallido de la crisis del 2001, no ha hecho otra cosa que cristalizar una problemática que lejos de ser coyuntural, se ha instalado como un componente estructural del sistema social. Así es que sectores y regiones se han visto severamente afectadas en términos de viabilidad, y sus empresas que son en gran mayoría micro y pequeñas, no han podido sobreponerse a estos cambios, siendo tan solo algunas franjas minoritarias las que han logrado desarrollar estrategias ofensivas de expansión.

La conjunción de elementos tales como: competencia de productos importados, bajo dinamismo del mercado interno, dificultades para realizar exportaciones, altas tasas de interés, alto costo de los servicios de infraestructura, presión fiscal y escalas mínimas eficientes cada vez mayores, son adversidades con una variada incidencia según los sectores de actividad y los estratos de tamaño, pero en su conjunto reflejan para la mayoría de los agentes económicos problemas muy difíciles de abordar.

A su vez, el Estado se desprendió de casi todos sus activos empresariales, los que fueron a manos privadas y reconvertidos operativamente bajo nuevas modalidades ahorradoras de mano de obra. Esta situación vino a provocar la desaparición de miles de puestos de trabajo, generando en vastos territorios una paulatina desaparición del dinamismo económico local ante la retirada de los entes públicos, (caso Siderurgia, caso Petróleo entre otros). Solo en algunas localidades las administraciones locales (Provincia o Municipio), a pesar de las agudas restricciones mantienen el empleo público dentro de estrechos límites.

Manuel Castells, (1999) señala que en el trabajo descansa el núcleo de la estructura social, y por tanto este tipo de transformaciones, tanto tecnológicas como organizativas, ya sean del sector público o privado, afectan a la sociedad en su conjunto. En este sentido, ahora mismo en nuestro país, son cada vez mayores las evidencias de una "polarización social", y una "fragmentación de la sociedad argentina".

Las consecuencias de estos efectos sobre la evolución del empleo es la escasa creación de puestos de trabajo dentro de la economía formal, siendo las distintas modalidades de empleo "refugio", o actividades informales casi las únicas respuestas posibles, a lo que debemos sumarle los programas de empleo gubernamentales como el Plan Trabajar o más recientemente el Plan Jefas y Jefes de Hogar.

Impacto económico y social

Los elevados indicadores de desempleo y subempleo, cuyo origen ubicamos a partir del conjunto de transformaciones económicas antes referidas , pusieron fin a décadas en donde los niveles de empleo se acercaban a las características que internacionalmente se definen como de pleno empleo.

Frente a ello es conveniente hacer algunas consideraciones y en primer lugar asumir que esta realidad es de carácter estructural, es decir que la posición del país frente a los efectos de la globalización de la economía, sobre cimientos de un capitalismo periférico como en el modelo argentino, sólo absorberá mano de obra en los sectores más concentrados y dinámicos, e irá abandonando crecientemente el modelo de acumulación previo y en consecuencia desaparecerán puestos de trabajo que no serán sustituidos, expulsando la mano de obra allí existente.

En segundo lugar, la calificación de la mano de obra tanto de jóvenes como de adultos tiene cada vez mayores déficit de educación y formación para el trabajo, producto de graves fallas del sistema educativo y de capacitación de adultos que no genera suficiente capital humano adecuado para acceder a los pocos pero nuevos puestos de trabajo.

Pongamos como ejemplo aquellos individuos que han perdido su puesto de trabajo en los últimos años y que frente a la infructuosa tarea de conseguir otro, intenta mantenerse a través de distintas formas de autoempleo o cuentapropismo (changas, remis, kioscos, taxis u otras). Estos individuos entre los cuales hay quienes tal vez tuvieron algún oficio o calificación, pierden paulatinamente esa capacidad y aumenta su brecha con las calificaciones laborales requeridas actualmente, siendo su situación de exclusión cada vez mayor, limitando su capacidad de reinserción laboral. Por su parte la población joven encuentra también serias dificultades de inserción laboral ya que a la inadecuada preparación para el mundo del trabajo que brinda la escuela media se agregan aquellos jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a la escuela o que la abandonan antes de tiempo.

En este contexto los cambios estructurales han generado al menos tres profundas desarticulaciones, empezando por una fuerte polarización socioeconómica, en donde las inversiones y el comportamiento de las empresas dirigen importantes porciones de su producción a los mercados externos o a segmentos de altos ingresos, dejando como primer consecuencia una fuerte desarticulación social, constituyendo al salario en una variable de ajuste empresarial, destruyendo el pacto social previo.

A la vez, la búsqueda de competitividad en los noventa, a la que sólo accedieron pocas firmas, ha integrado la producción local con una altísima participación de los insumos importados, provocando una nueva desarticulación intersectorial.

La otra gran desarticulación es la de carácter regional, en donde los territorios no importan como tales, y se los comienza a calificar de viables o inviables, marginando a poblaciones completas por cierres o por reducción de operaciones de firmas y plantas, incluyendo las ex estatales. (Véase la promoción industrial en algunas provincias o la ex YPF en otras). A esto debe agregársele la desaparición o reducción de todas las actividades conexas y encadenamientos que conformaban estos territorios.

Las instituciones de promoción del empleo

En este contexto la política de empleo presenta innumerables desafíos, entre los cuales surgen casi como básicos los que representan las profundas asimetrías en las calificaciones laborales, que terminan siendo un elemento incluyente o excluyente de la conformación de la fuerza de trabajo, por lo menos la formal, y que genera no sólo consecuencias para la inserción laboral, sino que plantea la necesidad de brindar respuestas institucionales, fundamentalmente desde el estado, para equilibrar las relaciones asimétricas entre calificados y no calificados.

A su vez cualquiera sea el nivel de agregación territorial que adoptemos para el análisis, el empleo es sin duda uno de los anhelos básicos de la sociedad en su conjunto.

La actual coyuntura encuentra a la mayoría de las ciudades y regiones de Argentina con graves problemas de empleo, y a su vez, de persistir esta crisis estructural, desaparecerán muchos más puestos de trabajo que los que se logren crear.

En este sentido, podemos afirmar que para que la sustentación del empleo sea permanente, es fundamental que exista una trama empresarial viable económicamente, cuyos intereses de mediano y largo plazo justifiquen la incorporación de mano de obra.

Se sabe que en muchos lugares del país existen importantes experiencias institucionales en materia de promoción del empleo, en la lista podemos incluir las bolsas de trabajo, las oficinas publicas de empleo, las agencias de empleo privadas y las bolsas de empleo de las universidades entre otras.

Estas experiencias de construcción institucional poseen distintos grados de madurez y operan con diferentes indicadores de eficiencia debido a que no todos poseen la infraestructura mínima indispensable para realizar su labor. Podemos señalar que algunas organizaciones que ejecutan programas de empleo, cuentan con registros previos de postulantes y adecuados contenidos de información sociolaboral para desarrollar actividades de intermediación laboral.

También existen organizaciones que ejecutan programas de capacitación laboral para los postulantes, que van de la simple orientación para elaborar un curriculum, hasta los cursos de diversos oficios.

Entre las más desarrolladas están las que desarrollan metodologías y reportes periódicos acerca del funcionamiento del mercado de trabajo de una región o territorio.

En síntesis, una organización de este tipo en un territorio constituye una valiosa herramienta para identificar las prioridades en materia de contención social, oferta y demanda de empleo, capacitación y formación profesional.

A su vez, la gestión de este tipo de instituciones debe tender a una cada vez mayor profesionalización, eficiencia y mejora de los servicios a la comunidad dentro de los limites y las posibilidades que brinda cada contexto territorial en particular.

Por cierto, la forma en la cual sea diagnosticado el problema del desempleo, el análisis de sus causas y sus características temporales, van a definir probablemente las herramientas que se utilizan para enfrentarlo.

La intervención en este tipo de esquemas, no debiera focalizar únicamente la cuestión individual de empleo, como algo temporal, que se recupera con una eventual reactivación, ya que existen núcleos de inserción mucho más difíciles aun en el mediano y largo plazo, por lo que se deben facilitar ciertas condiciones para la reinserción a partir de diversas articulaciones de carácter socioeconómico, que como señaláramos precedentemente pasa fundamentalmente por la capacitación de los grupos objetivo según los nuevos perfiles productivos.

Otra gran preocupación han de ser los grupos más vulnerables, de más bajos recursos y sin experiencia laboral alguna en el sector de la economía formal por lo que su comprensión del mundo del trabajo organizado es sumamente débil, sobre todo en los jóvenes con niveles incompletos de educación formal.

Un tercer segmento de intervención es el de los sectores de la clase media con fuertes componentes de desestructuración social, sobre todo el de nivel socioeconómico más bajo dentro del segmento, (nuevos pobres), que se estima del orden del 36 % de la población, con hogares que hasta la década pasada gozaron de cierto bienestar relativo, que se deterioró ante la pérdida del empleo.

Los instrumentos de política para estos casos deben casi inevitablemente orientarse hacia la creación de nuevas oportunidades o el desarrollo de capacidades emprendedoras.

Es por ello que si tomamos por caso las políticas adoptadas por la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo en los ultimos años, advertimos un abordaje diferente, donde el desempleo no es una cuestión coyuntural o episódica, sino que adquiere diferentes rasgos, según el nuevo perfil estructural que van asumiendo las distintas economías regionales, que sufren de distinta forma los cambios estructurales en la macroeconomía del país. Así es como se observa la importancia de las diferentes localizaciones espaciales y territoriales del creciente desempleo estructural y las variaciones de los perfiles productivos.